El TSJ falla a favor de la libertad educativa

  • TSJ devuelve las aulas que el Consell suprimió a 8 colegios concertados
  • Otro revés al Gobierno Valenciano de PSOE-Compromis que pretende coartar la libertad de elección de las familias
  • Marzà quiere imponer la hoja de ruta catalana en la Comunitat Valenciana tomando como víctimas a los escolares

 

RODOLFO Y VENTURA
La izquierda valenciana ha tomado las riendas del «procés» independentista y no tiene otro objetivo que seguir la hoja de ruta catalana en la Comunidad Valenciana. Acabar con la marca España, las tradiciones y las costumbres son parte de las actuaciones que se están emprendiendo desde la Generalidad, sindo los escolares, niños y jóvenes, el blanco fácil del bipartito de Puig y Oltra.

Imponer el valenciano en los centros escolares y utilizar la lengua como elemento de segregación y discriminación entre los alumnos, «trobades pro valenciano»- que van más allá de una simple convivencia entre colegios- donde los ideales, la política y la lengua se imponen enmascaradas con juegos y talleres lúdicos. Supresión de aulas del colegio concertado y acoso y derribo ante centros educativos religiosos son algunas de las medidas que, desde el inicio de esta legislatura, el gobierno de PSOE-Compromis han puesto en marcha en toda la Comunidad.

Desde el seno de las familias, agrupaciones de defensa de la lengua y la libertad, representantes políticos del Partido Popular, así como docentes de la escuela valenciana han tomando cartas en el asunto para frenar este arrollador acoso y derribo a las tradiciones, la pluralidad, el respeto y la libertad. Y, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) les ha dado la razón. Este organismo declaró la nulidad parcial de «chantaje lingüístico» que la Consellería de Educación ha tratado de imponer cada curso escolar desde que comenzó la legislatura y, ahora, ha estimado parcialmente cinco recursos interpuestos contra la enseñanza concertada contra el reglamento que fija los criterios para el acceso o renovación de los mismos resolviendo los casos particulares de ocho centros educativos que habían recurrido la no renovación o reducción del número de aulas que tenían concertadas. Según declaraciones de Beatriz Gascó, portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular (GPP), «Vicent Marzà asfixia a la enseñanza concertada porque le molesta a la hora de imponer su modelo de escuela única, como el que se inició hace años en Cataluña para así acabar con la pluralidad y tener manos libres para controlar y manipular (…) sus decisiones no buscan sumar opciones educativas sino combatirlas para poder tener vía libre e implantar el modelo que defiende la izquierda más radical”.

Contra esa libertad de elección educativa también se posicionan los dirigentes de Segorbe, pues el equipo de gobierno del bipartito liderado por Rafael Magdalena, puesto que dieron su apoyo al decreto ilegal y anticonstitucional de «chantaje lingüístico». Además de dar la exclusividad de servicios continuados de la enfermera escolar en sólo uno de los centros educativos de la población, el mismo que recibe ayudas para material escolar entre los alumnos, dejando así exentos de las mismas a 2/3 de los niños y jóvenes de Segorbe.

Comunicado de prensa PP.-