Durante la próxima semana se debatirá en el Congreso de los Diputados el contenido de la nueva Ley Orgánica de educación con la que el Gobierno tratará de enmendar la actual LOE, aquella que en 2013 propusiera el ministro Wert del Partido Popular, y que no sumó más apoyos que los propios en el hemiciclo. Las nuevas siglas que habrán de añadirse a las consabidas LODE, LOGSE, LOMCE… en cuya profusión encontramos la mejor prueba de su ineficacia, son en esta ocasión LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación). La nueva propuesta, como puede sospecharse en su denominación, no será demasiado diferente a la anterior y tampoco contará con un consenso suficiente, capaz de juntar sensibilidades de distinto signo político, que impida pensar en que otra futura “LO….” no venga a sustituirla en cuanto otro u otros partidos releven a los presentes en el Gobierno.

De entre las nuevas propuestas que trae la Ley encargada a la ministra Isabel Celaá, sin duda ya habrán oído hablar o leído en los foros habituales acerca de “la desaparición del castellano como lengua vehicular en Cataluña”. En unos pocos días en que ha saltado a los medios, me he encontrado opiniones alarmadas y alarmantes que en la mayoría de los casos, sospecho, no han prestado más interés al fondo del asunto, es decir, al texto de la nueva ley (y lo que de la antigua este modifica), que al titular simplificador o al vocero militante que la comunica. El sintagma que ahora todo el mundo repite es “lengua vehicular”. Aplicado al contexto educativo significa lengua empleada por la comunidad educativa, es decir, con la que se comunica esta y se enseñan las otras materias que no son la asignatura de lengua misma. El concepto de “lengua vehicular” había sido introducido en la LOE con este tenor: “El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas”. Se puede inferir de ello que el catalán no es menos vehicular que el castellano en Cataluña, por ejemplo. Pero añadía que “el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable” y amparaba a las familias para, en caso de incumplimiento, se pudiera cursar estudios en un centro no público a cuenta del Estado. Esta salvaguarda algo populista no tuvo que ser puesta en práctica en tantas ocasiones como pudiera pensarse y acabó siendo declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2018. Desde la Jurisprudencia se consideró que un 25% de horas de enseñanza del castellano en Cataluña era una proporción razonable y ahí había quedado el tema hasta ahora, dejando el tema de la lengua fuera de los principales problemas de ese territorio.

El PSOE no pensaba tocar este punto, pero ha acabado reescribiendo el texto ante la presión de sus socios Unidas Podemos, ECP (En Comú Podem) y ERC, para que en adelante diga esto: “Las Autoridades educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir la enseñanza en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de conformidad con la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”. De lo que se desprende que el castellano deja de ser considerado como lengua “vehicular” en la enseñanza (de igual manera que deja de serlo el catalán o el gallego) mientras que sigue vinculando a la Constitución el derecho de recibir y garantizar la enseñanza en castellano también en Cataluña o Galicia.

Como texto jurídico ofrece más de una interpretación, aunque a buen seguro no cambiará demasiado la situación en las comunidades bilingües. Sí, hay otras además de Catalunya. Entre ellas la Comunidad Valenciana, donde el sistema bilingüe (no tanto el plurilingüe) funciona perfectamente. La interpretación de PP, Ciudadanos y VOX es que el castellano ha sufrido un nuevo ataque en Cataluña y amenazan con llevar el caso ante el Tribunal Constitucional (como si este no tuviera otras tareas más acuciantes). De momento han conseguido que muchos empiecen a rasgarse las vestiduras antes de conocer en profundidad el asunto. La versión de Junts X Cat (fuera del pacto) es que el insidioso gobierno socialista y sus socios le han vendido la burra a ERC, y el panorama educativo será siendo tan “español” como antes. Esto debería hacer pensar a los más escandalizados. Desde Unidas Podemos, uno de los partidos valedores del acuerdo, se defiende como el necesario “blindaje” del proceso de inmersión lingüística en Cataluña y se confía en la flexibilidad y responsabilidad de los centros educativos a la hora del reparto de las horas de enseñanza en las dos lenguas oficiales, como así ha sido mayoritariamente hasta ahora.

España es un país plurilingüe aunque a muchos de sus habitantes este hecho les incomode. Lo es con igual legitimidad histórica y constitucional en sus diferentes lenguas. Lo malo de los temas lingüísticos es que son manejados por la gente como si el hecho de hablar una lengua concediera una autoridad sobre la misma. Se escucha más a los políticos (y a los que repiten sus soflamas) que a los lingüistas y educadores. Sobre todo cuando Cataluña anda por el medio. Muchos no comprenden que su Autonomía (no ya su quimérica república) quiera potenciar el uso y conocimiento de la lengua autóctona, cooficial con el castellano y amparada por la Constitución, no hay que olvidarlo. El castellano es, de largo, la lengua más poderosa de las oficiales en España. La clave de su éxito se encuentra en factores políticos, históricos y aun gramaticales. Su asombrosa evolución desde su nacimiento junto a los dominios del euskera, su expansión por la península de forma tan contundente como para influir en el pétreo vasco y hacer desaparecer a sus antiguos vecinos asturleonés y navarroaragonés (de los que quedan poco más que vestigios dialectales en el propio castellano), y posteriormente su salto a las Américas, lo ha convertido en una de las lenguas más habladas del mundo y con una mayor proyección de futuro. Puede decirse que sólo el inglés tiene una mayor implantación a escala universal.

JOYERIA ROYO
RODOLFO Y VENTURA
¿Qué ocurre en Cataluña? ¿De verdad es creíble que el todopoderoso castellano se vea seriamente amenazado por el catalán? Los datos objetivos que nunca salen en los discursos contestan que no. Según una encuesta publicada en 2019 por El País, los porcentajes de hablantes cuya lengua materna era el castellano bajaron unos puntos, también bajaron algo los del catalán, mientras que subía el porcentaje que consideraba maternas ambas lenguas, es decir, el número de hablantes bilingües. Si el objetivo es el bilingüismo, la política de inmersión lingüística está obteniendo sus frutos. Otra cosa es que los sectores más politizados lleguen a despreciar la lengua de su

oponente y aspire a un monolingüismo de la suya sea castellano o catalán. Pero estos extremismos raramente se ven entre la comunidad educativa, que ven en el bilingüismo algo respetable y útil.
En caso de que el bilingüismo fuera cuestionado entre los potenciales hablantes de ambas lenguas deberían decidir sobre ello los propios interesados, que no son otros que los ciudadanos de las autonomías con lengua propia, no alguien desde el púlpito de Madrid. Me gustaría saber qué opinan realmente del bilingüismo estatal los políticos más incendiarios con la enseñanza de las lenguas oficiales. Tal vez entiendan más útil otro tipo de bilingüismo. Sería esclarecedor dar a conocer cuántos de ellos matriculan a sus hijos e hijas en colegios privados con enseñanza integral en inglés. Y luego que vayan con el discursico a sus delegados de Xàtiva, de Pollensa, de Vigo.

Héctor Hugo Navarro