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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Castelló ha condenado al Ayuntamiento de Navajas a devolver a los propietarios de los terrenos de la urbanización Altomira un total de 273.000 euros.

Dicho importe es la compensación a los propietarios de lo que en su día tuvieron que pagar estos “por haberles cobrado de forma indebida contribuciones especiales para reasfaltar las calles, hacer una nueva red de distribución de agua y de instalación de alumbrado público”, según explica el gobierno local.

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La sentencia, que ha sido dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número dos de Castelló, fue recibida en el Ayuntamiento el pasado siete de mayo  y sobre la misma no cabe recurso de apelación.

Desde el equipo de gobierno explican que “la sentencia dice que ya existía en la urbanización Altomira una red de distribución de agua, de alumbrado público y, por supuesto, calles asfaltadas y, por tanto, la sustitución o reforma no podía ser cobrada a sus vecinos con contribuciones especiales, sino que debía ser asumida por el Ayuntamiento, como en cualquier otra calle del municipio, siendo que los vecinos de la urbanización pagan sus impuestos municipales en Navajas”.

Alternativa por Navajas recuerda que “además, la obra realizada no fue pagada por el anterior gobierno del PP, por lo que fue el actual equipo de gobierno el que tuvo que afrontar el pago de la urbanización” durante este mandato.

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Ahora, lamentan, “el ayuntamiento evidentemente no tiene ese dinero para devolver, por lo que vamos a tener que renunciar, una vez más a un sinfín de obras y servicios para poder pagarlo”.

Cabe recordar que el municipio de Navajas es todavía uno de los pueblos más endeudados de España en cuanto a deuda por habitante se refiere, debido a la gestión que a lo largo de veinte años llevó a cabo el alcalde del partido popular, José Vicente Torres, junto con el ex secretario, Antonio Paredes, ambos imputados por varias irregularidades.

Cabe señalar que en el año 2012 Torres fue inhabilitado durante seis meses como alcalde por no llevar a cabo la urbanización de Altomira. Se le inhabilito“por un delito de desobediencia a la autoridad judicial”.

Chelo Torrejón