Segorbe celebra un pleno cargado de tensiones

El Ayuntamiento de Segorbe ha celebrado esta mañana un pleno largo y tedioso de casi tres horas de duración, en el que no han faltado una abundante serie de descalificaciones personales y numerosos requerimientos de los conocimientos del secretario municipal en materia legal por parte de todos los grupos políticos con representación municipal.

La mayor parte de las cuestiones tratadas en el pleno de 18 puntos, en el que faltó la presencia del concejal del PP Miguel Barrachina,   entre los que la mayor parte fueron de tipo administrativo y económico, siendo uno de los más importante el correspondiente a la liquidación presupuestaria del año 2015

Demandan la intervención del secretario. Foto:Ch.Torrejón

Demandan la intervención del secretario. Foto:Ch.Torrejón

Sobre ella el alcalde de Segorbe Rafael Magdalena, obvió citar datos concretos al asegurar que “todos los concejales están informados y tienen toda la documentación que está en el expediente. Hay superávit de tesorería. Hay un resultado presupuestario de superávit de tesorería y se cumple con la estabilidad presupuestaria y con la regla de gastos que es lo que pide el Ministerio y es lo que pide el Estado”.

Como novedad plenaria Rafael Magdalena enumero sectorialmente las distintas actividades realizadas durante los últimos dos meses por las diversas concejalías, cuya distribución y asignación a los concejales también fue rectificado en pleno debido a que “la carga de trabajo del alcalde ha hecho aconsejable que se cedan a otros concejales”, afirmó Magdalena.

Así las cosas Magdalena se libera de las concejalías de empleo y personal, que en el primero de los casos pasa a manos de Kike Máñez y en el segundo a las de Luis Gil.

ESCUELA DE DANZA
Por otro lado el ayuntamiento también aprobó con la abstención del PP una ordenanza reguladora del procedimiento de adjudicación de viviendas municipales para emergencia social, a las que los solicitantes podrán optar por tiempo limitado, un máximo de 6 meses renovables hasta un máximo de dos veces, para evitar así “la perpetuabilidad” de las familias alojadas.

“Hemos regulado las viviendas sociales, cosa que no estaba hecha, para darles el carácter de emergencia social, que permita a las personas sin recursos disponer de un alojamiento temporal y rotatorio vinculado a un programa de inserción social como una prestación más en especie”, según afirmó la concejal delegada, Yolanda Sebastián.

Para ello el Ayuntamiento también aprobó, en este caso con el voto en contra de los populares, el cambio de calificación jurídica de las viviendas sociales, que ahora están registradas como bien patrimonial municipal y con la aprobación pasaran a ser bien de dominio público, ya que de esta forma el gobierno local podrá rescindir y desalojar de inquilinos las viviendas con mayor facilidad cuando sea preciso y lo estime conveniente el departamento de servicios sociales.

Otro de los puntos destacados del pleno fue la aprobación unánime de la retirada de placas en edificios públicos municipales donde figure el nombre de personas condenadas por sentencia judicial.

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